La Fiscalía venezolana investiga la tala de 3.000 árboles durante las protestas

La Fiscalía general de Venezuela abrió hoy 55 investigaciones penales “por daños ambientales causados” durante la ola de protestas contra el Gobierno que el país vivió entre el 1 de abril y comienzos de este mes, en las que según el Ministerio Público se talaron más de 3.010 árboles.

Durante ese período, la oposición venezolana convocó a numerosas acciones de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro y contra la Asamblea Nacional Constituyente instaurada el 4 de agosto.

Muchas de estas protestas consistieron en cortes masivos de calles y vías públicas en ciudades de todo el país, para las que algunos manifestantes utilizaron ramas y troncos de árboles, además de escombros, basura y todo tipo de objetos.

“La apertura de estos casos se hizo por instrucciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, ya que ningún caso fue abierto por el Ministerio Público en su momento”, anunció en su cuenta de Twitter la Fiscalía, que explicó que los árboles fueron talados en 8 de los 23 estados del país.

Los derechos ambientales son una prioridad declarada de la revolución bolivariana iniciada en 1999 en Venezuela por el presidente Hugo Chávez, y continuada por el actual presidente, Nicolás Maduro.

El Ministerio Público estaba dirigido en su momento por Luisa Ortega Díaz, cesada por la Constituyente nada más empezar a trabajar este órgano denunciado por la entonces fiscal como un instrumento para consolidar un totalitarismo en Venezuela.

El fiscal Saab fue designado ese mismo día sustituto de Ortega, y ha acusado a su antecesora -tachada por la Constituyente de “agente imperial” y supremacista blanca- de ser la “autora intelectual” de las más de 120 personas que murieron durante la ola de protestas, en la que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a manifestantes casi a diario.

Ortega huyó recientemente del país junto con su marido, el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, después de que Saab pidiera una orden de captura aprobada por el Supremo contra al cónyuge de la exfiscal, al que acusan de ser parte de una trama de extorsión que cobraba dinero a cambio de retirar investigaciones de la Fiscalía.