La CIDH espera tener respuestas sobre el caso de Iguala a final de año, según la relatora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confía en que para finales de año haya respuestas concretas sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero en 2014 y no se prolongue el sufrimiento de las familias, dijo hoy la relatora para México, Esmeralda Arosemena.

“Tengo fe y tengo conciencia de que en esta oportunidad nosotros vamos a concluir el caso”, aseveró la relatora en la Escuela Normal de Ayotzinapa en el marco de una visita oficial del Mecanismo de Seguimiento del caso Iguala.

Este Mecanismo se puso en marcha a finales del pasado año para constatar si México está dando seguimiento a las recomendaciones elaboradas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, y concluirá el próximo mes de noviembre, después de dos visitas técnicas y una oficial más.

La extensión de su labor, explicó Arosemena, dependerá de lo que el Estado evalúe y lo que consideren los padres.

Sin embargo, “no queremos que haya una dilación indefinida, eterna, eso no puede ser, por eso necesitamos respuestas en concreto”, apuntó.

El tiempo transcurrido desde las desapariciones, casi tres años, “para una tragedia de tal magnitud, es demasiado” y eso “hace que los padres, los familiares, estén en una situación de desesperanza absoluta”.

Subrayó que es “importante” que el Estado mexicano contraste su actuación con los avances que demandan los familiares. En este sentido, destacó que hay dos cuestiones clave.

La primera, saber dónde están los jóvenes, quienes desaparecieron en Iguala la noche del 26 de septiembre cuando acababan de apoderarse de unos autobuses con los que asistirían a una marcha en la Ciudad de México el 2 de octubre.

Despejando esa incógnita, los familiares “van a recibir por lo menos parte de esa respuesta que quieren”, pero no se puede dejar de lado la segunda cuestión, la justicia, es decir, “determinar la responsabilidad de las personas involucradas”.

Arosemena recordó que en los ataques que sufrieron los estudiantes, tres fueron ejecutados: “¿Quiénes hicieron ese acto? Eso hay que determinarlo para empezar a darles a los familiares la respuesta”.

La versión oficial esgrimida por el Gobierno semanas después de la desaparición señaló que los jóvenes fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los mataron, incineraron en el basurero de Cocula y arrojaron sus restos a un río.

No obstante, los expertos del GIEI pusieron en duda esta versión y plantearon que se siguieran otras líneas de investigación, como el trasiego de droga en autobuses de Guerrero hacia Estados Unidos como posible móvil de los ataques.

La relacionada con el basurero “no es una línea de investigación para nosotros”, reiteró la relatora, quien permanecerá en México hasta el próximo miércoles.

Arosemena acudirá estos días a la Cámara de Diputados y se reunirá con representantes de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).